Los regidores fiscalizan, pero no son responsables de ejecutar las obras
Escrito por Arismendi Santos
Estoy de acuerdo con las declaraciones de Guarionex Ventura cuando afirma que los regidores son los representantes de la comunidad dentro del ayuntamiento y que tienen la responsabilidad de fiscalizar cada obra que se ejecuta, velando porque los recursos públicos sean utilizados correctamente y que las construcciones se realicen conforme a los presupuestos aprobados.
Sin embargo, donde no estoy de acuerdo es en atribuirles a los regidores la responsabilidad directa sobre la ejecución de las obras municipales. La ley establece claramente que la función de los regidores es normativa y fiscalizadora, mientras que la administración y ejecución de los proyectos corresponde al alcalde o síndico y a los funcionarios bajo su dirección.
La experiencia demuestra que en muchos ayuntamientos del país, incluyendo el de San Francisco de Jacagüa, los alcaldes que han ocupado la posición han terminado tomando decisiones de manera unilateral, muchas veces ignorando las recomendaciones de las comunidades, de los líderes sociales e incluso de los propios compañeros de partido. Esta realidad limita la capacidad de incidencia de los regidores, quienes pueden señalar irregularidades, cuestionar decisiones y exigir transparencia, pero no siempre cuentan con los mecanismos suficientes para imponer sus criterios frente al poder ejecutivo municipal.
Por esa razón, cuando una obra presenta retrasos, sobrecostos o no responde a las prioridades de la comunidad, es importante identificar correctamente las responsabilidades. Los regidores deben ser evaluados por su capacidad de fiscalizar, denunciar y representar los intereses de la población, mientras que el alcalde debe responder por la planificación, administración y ejecución de los proyectos municipales.
La ciudadanía merece instituciones donde exista un verdadero equilibrio de poderes, donde las opiniones de las comunidades sean escuchadas y donde tanto regidores como alcaldes cumplan con el papel que les corresponde para garantizar una gestión transparente, eficiente y orientada al desarrollo colectivo.
