Comunidades de cordillera Septentrional muestran preocupación por concesión de exploración a minera para buscar oro, planta y cobre
Redacción
Santiago, RD. — Este lunes 15 de diciembre, diversas comunidades de la Cordillera Septentrional realizaron una contundente jornada de protesta en rechazo a la concesión minera otorgada para exploración en más de 8 mil tareas que abarcan zonas de Santiago y Puerto Plata. La manifestación fue encabezada por el sacerdote Padre Nino, quien ha asumido un rol activo en la defensa ambiental de las Lomas durante las últimas semanas.
El punto de concentración se realizó en el Club Mabuiche, desde donde los participantes marcharon hasta la carretera Luperón. En Gurabo, los comunitarios realizaron un paro simbólico de cinco minutos y se sentaron en el pavimento como muestra de rechazo a los permisos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, otorgados a la empresa Vertrixis Holding SRL para el proyecto denominado Cobre El Hoyazo. Dicho proyecto se localiza en el entorno de Pedro García, apenas a 26 kilómetros de áreas pobladas.
Documentos exhibidos durante la protesta indican que la concesión —emitida en 2024 y suscrita por el Director General de Minería, Rolando Muñoz Mejía— autoriza actividades de exploración de minerales metálicos, incluyendo oro, plata y cobre, en una vasta cantidad de comunidades distribuidas entre Altamira, Puerto Plata y Santiago. Entre las zonas que podrían resultar afectadas se encuentran Ranchito Piche, Escalera, Gurabito de Yaroa, Palo Alto, Tubagua, Yasica Abajo, Yásica Arriba, El Brizón, Arroyo Ancho, La Catalina, Los Arroyos de Salamanca, entre decenas más.
Los manifestantes expresaron profunda preocupación por la posibilidad de que estas exploraciones se realicen dentro o cerca de áreas protegidas tales como monumentos naturales y zonas de amortiguamiento, donde por ley estaría prohibido cualquier tipo de intervención extractiva. Líderes comunitarios cuestionaron la legalidad de intervenir espacios ambientalmente sensibles y denunciaron que las decisiones gubernamentales no han considerado el impacto social, ecológico y económico sobre miles de familias.
Durante la jornada, se criticó con vehemencia la falta de consulta previa y la supuesta influencia de intereses empresariales ajenos al bienestar de la población. “Lo que quieren es depredar la montaña”, afirmó uno de los participantes, señalando que la comunidad no permitirá que la cordillera sea transformada en “una segunda Barrick”. De igual modo, algunos manifestantes reprocharon la presencia de figuras públicas vinculadas anteriormente a conflictos ambientales, considerándola incoherente con la causa.
Las comunidades anunciaron que mantendrán la movilización permanente hasta que las autoridades revisen o revoquen la concesión, al tiempo que reiteraron su compromiso con la defensa del agua, los bosques y la integridad ecológica de la Cordillera Septentrional.
