Jon Bello: «El nuevo Código Penal pone en riesgo el ejercicio de la docencia»
Redacción
Santo Domingo, RD. – El abogado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Jon Bello, afirmó que el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional contiene disposiciones que podrían criminalizar el ejercicio de la docencia y de la gestión educativa, generando lo que calificó como una «crisis normativa» para el sistema educativo dominicano.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una intervención en el canal de YouTube de la ADP, La Voz Docente Media, donde explicó los principales aspectos de la propuesta de modificación presentada por el gremio ante la Cámara de Diputados.
Bello informó que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, junto al Comité Ejecutivo Nacional, depositó una tercera propuesta de modificaciones técnicas al proyecto de Código Penal. Aclaró que el sindicato no se opone a la aprobación de un nuevo código, sino a la inclusión de disposiciones que, según sostiene, colocan a miles de docentes y directivos escolares en una situación de vulnerabilidad jurídica.
Artículos que preocupan al gremio
Durante su exposición, el jurista señaló que el equipo legal de la ADP identificó al menos nueve disposiciones que podrían afectar el desempeño normal de las funciones docentes.
Entre ellas citó el artículo 121, que tipifica como hostigamiento o bullying acciones como «asustar» o «aislar» a un estudiante, con penas de entre 15 días y un año de prisión. Bello sostuvo que el término «asustar» resulta ambiguo y podría convertir una advertencia disciplinaria en un proceso penal.
También cuestionó el artículo 214, al considerar que equipara la responsabilidad de vigilancia del maestro con la de los padres, contemplando penas de entre 20 y 30 años de prisión por abandono, aun cuando se trate de situaciones ocurridas dentro o fuera del centro educativo.
Asimismo, expresó preocupación por los artículos 145 y 146, que, según explicó, podrían permitir interpretar el seguimiento y la supervisión de estudiantes como acoso sexual o persecución, además de sancionar determinados gestos realizados en espacios públicos, incluyendo las escuelas.
En relación con el artículo 173, indicó que la organización de grupos por edad y determinadas decisiones administrativas podrían ser consideradas actos discriminatorios, exponiendo a directores y equipos de gestión a procesos penales por supuestamente negar el acceso a la educación.
Otro de los puntos señalados fue el artículo 171, que sanciona el ejercicio de «presión» sobre niños y adolescentes. Bello afirmó que, de mantenerse la redacción actual, se pondría en riesgo la autoridad pedagógica necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y del proceso educativo.
Libertad de expresión y protesta
El abogado de la ADP también expresó preocupación por disposiciones que, a su juicio, podrían limitar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Mencionó el artículo 309, que establece penas de cinco a diez años de prisión por presionar a un funcionario público para el cumplimiento de sus funciones, y el artículo 313, que tipifica la rebelión agravada con sanciones similares, advirtiendo que estas normas podrían utilizarse para judicializar manifestaciones y acciones gremiales.
Propuesta de modificación
Jon Bello explicó que la ADP elaboró una serie de párrafos interpretativos y aclaratorios para cada uno de los artículos cuestionados, con el propósito de excluir de responsabilidad penal a los docentes cuando actúen dentro del ejercicio legítimo de sus funciones pedagógicas, disciplinarias y administrativas.
Finalmente, reiteró que el gremio continuará impulsando las modificaciones necesarias para garantizar que el nuevo Código Penal proteja tanto los derechos de los estudiantes como la seguridad jurídica de los profesionales de la educación.
Las declaraciones fueron ofrecidas por el abogado de la ADP, Jon Bello, durante una intervención en el canal oficial de YouTube del gremio, La Voz Docente Media.
