¿Quién autorizó el aumento del pasaje en la ruta Los Cocos–Santiago? Usuarios exigen respuestas
Yuderka de León
El reciente incremento en las tarifas del transporte de la ruta Los Cocos–Santiago ha provocado inconformidad entre los usuarios, quienes aseguran que el costo del pasaje continúa aumentando mientras el bolsillo de los ciudadanos se ve cada vez más afectado.
La Compañía de Transporte Interurbano Ruta Los Cocos–Santiago (COTRANTS) anunció mediante un aviso que, a partir del 6 de julio de 2026, entrarían en vigor nuevas tarifas, argumentando el aumento en los precios del combustible y de los repuestos de los vehículos.
Sin embargo, ese mismo día el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó públicamente que no había autorizado ningún incremento en las tarifas del transporte público y recordó que, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 63-17, el régimen tarifario del transporte de pasajeros es competencia exclusiva de esa institución. Asimismo, indicó que ningún chofer, sindicato, federación o empresa puede aumentar el precio del pasaje de manera unilateral.
Ante esta situación, surgen varias interrogantes que merecen una respuesta clara por parte de las autoridades y de los operadores del transporte:
- ¿Está usted de acuerdo con este nuevo aumento del pasaje en la ruta Los Cocos–Santiago?
- ¿Considera justo que las tarifas continúen aumentando mientras el costo de vida también sigue en ascenso?
- ¿Cuenta la ruta Los Cocos–Santiago con una autorización oficial del INTRANT para aplicar este incremento?
- ¿Existe alguna resolución o documento emitido por el INTRANT que avale este reajuste tarifario?
- ¿Puede la empresa demostrar que este aumento se realizó conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 63-17?
- ¿Habrá algún documento oficial que confirme que no se violó la Ley 63-17 en su artículo 125?
Estas preguntas cobran relevancia porque la propia legislación establece que cualquier modificación en las tarifas del transporte público debe ser previamente autorizada por el órgano rector. De no existir dicha autorización, corresponde a las autoridades determinar si se actuó conforme al marco legal vigente.
Mientras tanto, cientos de estudiantes, trabajadores y ciudadanos que utilizan diariamente esta ruta son quienes asumen el impacto económico de un nuevo incremento, por lo que esperan una explicación oficial que despeje las dudas y garantice el cumplimiento de la ley.
La ciudadanía merece transparencia. Si el aumento fue autorizado, que se haga público el documento correspondiente. Si no fue autorizado, los usuarios esperan que las autoridades competentes hagan cumplir la Ley 63-17 y protejan los derechos de quienes dependen diariamente del transporte público.
