Guarionex plantea llevar al Tribunal Constitucional el debate sobre la “Ley Mordaza”
Redacción
San Francisco de Jacagua (D.M.).– El abogado y comunicador Guarionex Ventura afirmó que las preocupaciones surgidas en torno a las disposiciones sobre difamación e injuria contenidas en el nuevo Código Penal deben ser canalizadas mediante recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en lugar de limitarse al debate público sobre la denominada “Ley Mordaza”.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa JE Radio Streaming, donde analizó los alcances jurídicos de las nuevas disposiciones penales relacionadas con la libertad de expresión y el derecho al honor.
Ventura recordó que el Tribunal Constitucional ha emitido decisiones en las que limita la imposición de sanciones penales en casos de difamación vinculados a funcionarios públicos, privilegiando mecanismos de reparación por la vía civil para evitar que el temor a una condena penal genere restricciones indebidas al ejercicio de la libertad de expresión.
Según explicó, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la amenaza de prisión por expresiones relacionadas con asuntos de interés público podría convertirse en una forma de censura previa, desincentivando las denuncias ciudadanas sobre actuaciones de funcionarios y servidores públicos.
No obstante, el jurista sostuvo que también es necesario proteger el derecho al honor, la reputación y el buen nombre de las personas cuando se realizan acusaciones sin pruebas o sin fundamentos verificables.
“Debe existir alguna forma efectiva de obligar a retractarse a quien atribuya hechos graves a otra persona sin poder demostrar su veracidad. La libertad de expresión no puede utilizarse para destruir injustamente la reputación de los demás”, expresó.
Durante su intervención, Ventura señaló que la Constitución dominicana reconoce tanto la libertad de expresión como la protección de la dignidad y la honra de las personas como derechos fundamentales, por lo que ambos deben coexistir en equilibrio.
Asimismo, manifestó que existe una aparente contradicción entre algunos procesos que continúan tramitándose en los tribunales y los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, situación que, a su juicio, debería ser abordada mediante una mayor coordinación institucional entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional.
El comunicador también sugirió que los gremios periodísticos, comunicadores y demás sectores preocupados por las disposiciones del nuevo Código Penal unan esfuerzos para presentar acciones de inconstitucionalidad contra aquellos artículos que consideren lesivos para la libertad de expresión.
Ventura recordó que el nuevo Código Penal entrará en vigencia próximamente, por lo que entiende que cualquier cuestionamiento constitucional debe realizarse con suficiente antelación para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre los aspectos controvertidos.
Finalmente, afirmó que corresponde al máximo intérprete de la Constitución establecer el alcance definitivo de las disposiciones cuestionadas, garantizando el equilibrio entre la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de la reputación de las personas.
