RD$15 millones mensuales: la montaña de dinero que pagarían los mineros de ignorar la orden de detener exploración minera en Cordillera Septentrional
Redacción
Santiago, RD. En una movida judicial que busca sentar un precedente ineludible sobre el cumplimiento de las normativas ambientales, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ha impuesto una severa sanción económica contra la empresa Vertrixi Holding, S.R.L. y el Estado dominicano. La sentencia civil núm. 0514-2026 no solo ordena la paralización inmediata de la exploración minera «Cobre el Hoyazo II», sino que asegura su cumplimiento mediante una multa de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) por cada día de retraso.

Esta penalidad, conocida en el ámbito legal como astreinte, tiene como objetivo directo vencer cualquier resistencia por parte de los responsables y garantizar que el mandato de protección a la Cordillera Septentrional no sea ignorado.
El mecanismo de la sanción: ¿En qué consiste el astreinte?
De acuerdo con el fallo emitido por la magistrada Alicia Mabel Guzmán Bencosme, la sanción de medio millón de pesos diarios ha sido impuesta de manera solidaria contra la empresa concesionaria y los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El tribunal aclaró que el cómputo de este monto iniciará formalmente a partir de la notificación de la sentencia a las partes involucradas.
La jueza fundamentó esta medida en el artículo 93 de la Ley 137-11, estableciendo que el astreinte no es una indemnización por daños, sino un mecanismo de «constreñimiento» para que el agraviante cumpla de forma efectiva lo ordenado por el tribunal. En este sentido, el dinero acumulado por la multa será entregado a favor del accionante del proceso, el Lic. Winston Vásquez Valera.
Justificación de la severidad: Protección del Patrimonio Hídrico
La contundencia de la sanción responde a lo que la justicia calificó como una «lesión continua y actual» a los derechos fundamentales de las comunidades de Santiago, Altamira y Puerto Plata. La investigación judicial determinó varios puntos críticos que justifican la urgencia de la paralización:
- Incumplimiento contractual: La resolución de concesión (R-MEM-CM-013-2024) prohibía explícitamente iniciar trabajos sin un permiso ambiental previo, mandato que Vertrixi Holding, S.R.L. ignoró al comenzar labores de exploración.
- Amenaza al agua: La zona de exploración es considerada el nacimiento de fuentes hídricas estratégicas, como el río Yásica, vital para el consumo humano y la agricultura regional.
- Riesgo en áreas protegidas: El tribunal comprobó que, aunque el polígono principal está fuera de los límites, la exploración afecta zonas de amortiguamiento de monumentos naturales como el Pico Diego de Ocampo y el Salto de las Tinajas.
Supervisión obligatoria y gratuidad del proceso
Para evitar que la sanción económica sea el único freno, la sentencia ordena específicamente a los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas realizar una supervisión estricta del cese de las actividades en distritos como San Francisco de Jacagua, Pedro García y Yásica Arriba.
Finalmente, al tratarse de una acción constitucional en defensa de un derecho colectivo y difuso (el medio ambiente sano), el tribunal declaró el proceso libre de costas judiciales, garantizando que el acceso a la justicia para la protección de la naturaleza sea gratuito para los ciudadanos.
Con este fallo, la justicia de Santiago envía un mensaje claro a la industria extractiva: la rentabilidad económica no puede ser una excusa para evadir los procesos de evaluación de impacto ambiental ni para vulnerar la sostenibilidad de los ecosistemas montañosos del país

