Aplazan para el miercoles 10 audiencia de coerción de los jóvenes de Los Cocos en Operación XL526; obogado alega falta de acceso al expediente
Redacción
Santiago, RD. – La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago dispuso este viernes el aplazamiento de la audiencia de medida de coerción contra los diez imputados vinculados a la Operación XL526. La magistrada Wendy Tavárez tomó la decisión luego de que los abogados defensores alegaran que no han tenido acceso al expediente completo ni a los elementos de prueba depositados por el Ministerio Público, lo que les impide preparar una estrategia legal adecuada.
La nueva vista ha sido fijada para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana.
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De acuerdo con las investigaciones presentadas en el expediente, la estructura criminal operaba de manera sistemática desde el distrito municipal de Jacagua, en Santiago. Gran parte de los ahora procesados son residentes de la comunidad de Los Cocos de Jacagua, una zona que se ha visto impactada por el despliegue de los operativos de detención.
Los imputados señalados por las autoridades son:
- Carlos José Parra Lantigua
- Eliardo Peña Almonte
- Renso Darío González Almonte
- Josiel Pichardo Cabrera
- Walinton Ariel Sosa Almonte
- Moisés David Pichardo Aracena
- Pedro Antonio Pichardo
- Yusmery Altagracia Cabrera
- Danny Rafael Lagual
- Julio Antonio Peralta del Rosario.
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El Ministerio Público sostiene que los procesados formaban parte de una organización dedicada a estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos. Hasta el momento, se han identificado al menos 18 víctimas, principalmente residentes en los Estados Unidos.
El modus operandi consistía en captar a los afectados mediante anuncios publicitarios en plataformas digitales utilizando herramientas tecnológicas avanzadas. Posteriormente, los imputados procedían a intimidar a las víctimas con amenazas, simulando pertenecer a peligrosos grupos internacionales como el «Cártel de Sinaloa» para forzar el pago de dinero.
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El órgano acusador solicita que el caso sea declarado de tramitación compleja y que se imponga un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el grupo.
Por su parte, la defensa técnica ha denunciado graves irregularidades. El abogado Miguel Díaz presentó un incidente alegando violaciones a los derechos fundamentales de su defendido durante el proceso de captura, asegurando que posee evidencias videográficas para respaldar su denuncia. Asimismo, el jurista José Reynoso manifestó que las autoridades han dificultado las reuniones entre los abogados y sus clientes, vulnerando el derecho sagrado a la defensa técnica
