Jóvenes arrestados en Los Cocos enfrentan solicitud de prisión preventiva por caso XL526, defensa denuncia violaciones al debido proceso
Redacción
San Francisco de Jacagua (D.M) – En un avance crucial del proceso judicial que ha sacudido al distrito municipal de San Francisco de Jacagua, el Ministerio Público depositó formalmente la solicitud de medida de coerción contra los 20 detenidos en la Operación XL526. Entre los imputados se encuentran los jóvenes apresados el pasado martes 2 de junio en la comunidad de Los Cocos y Puerto Plata, señalados de integrar una red transnacional dedicada a la estafa y la extorsión.

El órgano persecutor realizó el depósito de la instancia alrededor de las 3:00 de la madrugada de este jueves ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago. Según trascendió, el Ministerio Público estaría solicitando prisión preventiva para al menos 11 de los 20 implicados, debido a la gravedad de los cargos que incluyen asociación de malhechores, extorsión y lavado de activos.
Detalles de la estructura y el caso de Jacagua
La investigación identifica como presuntos cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. Asimismo, figuran otros miembros operativos entre los que se menciona a Danny Rafael Laguar Ferreira, un joven ingeniero civil residente en San Francisco de Jacagua dedicado a la construcción.
Su abogado, Kilvio González, defendió la integridad de su representado, Danny Laguar, asegurando que es un joven trabajador y que probarán en los tribunales que no tiene vinculación con la estructura criminal que simulaba pertenecer al Cártel de Sinaloa para intimidar a víctimas en Estados Unidos.
Defensa denuncia violaciones al debido proceso
A pesar del avance del Ministerio Público, los abogados defensores han manifestado su enérgico rechazo a la forma en que se ha manejado el proceso en las últimas horas. Denuncian una falta de notificación formal de la instancia depositada y dificultades extremas para tener contacto con sus defendidos.
El jurista José Reynoso García calificó el sistema de justicia como un «violador de derechos», alegando que los imputados han sido trasladados por diversos centros de reclusión (como el Palacio de Justicia, la Fortaleza Fernando Valerio y Rafey), lo que ha entorpecido la preparación de las estrategias de defensa. «Ese tiempo que ellos se están tomando para cotejar pruebas lo necesitamos nosotros para defender a esos ciudadanos», sentenció Reynoso.
Se espera que en las próximas horas el Tribunal de Atención Permanente fije la hora y fecha para el conocimiento de la audiencia, mientras el Ministerio Público termina de organizar el voluminoso expediente y las pruebas recabadas en los 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.

