¡Este gobierno escucha! Abinader anuncia paralización del proyecto minero en San Juan
Redacción
Santo Domingo, RD. – En una alocución dirigida a la nación este lunes por la noche, el presidente Luis Abinader dispuso la detención «inmediata» de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan. La medida se produce tras semanas de intensas denuncias y una multitudinaria manifestación que sacudió la región el pasado domingo.
Justificación legal y social
El mandatario justificó su decisión amparándose en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, los cuales establecen que, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esta categoría, el mismo no resulta viable. «Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad», afirmó Abinader, subrayando que su deber es actuar con prudencia y transparencia ante las inquietudes de la ciudadanía.
La resolución gubernamental llega apenas un día después de que una marcha-caravana, que recorrió desde el Arco del Triunfo hasta el muro de la Presa de Sabaneta, terminara en incidentes de violencia. La manifestación en rechazo a la minería en la Cordillera Central concluyó con enfrentamientos, lanzamiento de bombas lacrimógenas y varios agentes heridos.
Historial del proyecto y fase actual
El jefe de Estado aclaró que, durante su gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que existiera ninguna autorización para su explotación. Asimismo, precisó que el origen del proyecto no es reciente:
- 2005 y 2010: Concesiones de exploración otorgadas bajo la gestión de Leonel Fernández.
- 2015 y 2018: Renovación y autorización de estudios técnicos durante los gobiernos de Danilo Medina.
El factor económico frente al ambiental
El proyecto Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, consistía en la extracción de oro, cobre y plata mediante minería subterránea. Según datos de la empresa, los yacimientos cuentan con reservas equivalentes a 1.1 millones de onzas, valoradas en aproximadamente 5,000 millones de dólares.
Pese a este potencial económico, la preocupación por el impacto en el río San Juan y el suministro de agua para la región sur prevaleció en la decisión final. Tras el anuncio, el movimiento antiminero de San Juan agradeció la disposición presidencial, aunque manifestaron que esperan que la medida sea oficializada mediante un decreto
